Junto al secretario general de ELA, han participado en la comparecencia pública el responsible del área social, Mikel Noval y Janire Landaluze, miembro del gabinete técnico.

Según ELA, el plan presentado por el Gobierno de Urkullu es pura propaganda. “Pretende dar la imagen de ser algo trabajado, voluminoso (más de 100 páginas), pero realmente las medidas carecen de concreción, tanto en sus objetivos como en su desarrollo”. En este sentido, subraya que el Gobierno Vasco no puede haber empezado peor en relación al empleo.

Mikel Noval ha destacado que “aplicar políticas para crear empleo de calidad exige, en primer lugar, un cambio radical en las políticas presupuestarias y fiscales que se vienen aplicando. Las políticas de ajuste y de recortes presupuestarios están dando lugar a un fuerte aumento del paro”. Así mismo, ha señalado que las reformas laborales han aumentado la flexibilidad laboral. “Esto ha provocado un aumento de los despidos y una precarización del empleo. Esta mayor flexibilidad está teniendo como resultado directo un mayor nivel de desempleo, por lo que la mejora de los derechos laborales, incluyendo la marcha atrás en las reformas laborales y de negociación colectiva”.

El objetivo de este informe es tratar de analizar la realidad de los recortes presupuestarios del Gobierno Vasco, además de concluir que en realidad sí existe alternativa, que sólo hace falta voluntad política.

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El secretario general ha comparecido en rueda de prensa esta mañana en Bilbao, junto con el responsable del área social Mikel Noval y Janire Landaluze, del gabinete de estudios del sindicato para presentar la posición de ELA sobre la reforma de la pensiones aprobada el pasado viernes en Madrid. Ha denunciado que "estamos ante un paso más en el desmantelamiento del sistema público de pensiones, en favor del privado y de los deseos de las entidades privadas.

Muñoz se ha referido, también, al establecimiento de un arbitraje obligatorio para no aplicar los convenios colectivos y que fue aprobado en el mismo Consejo de Ministros. "Es un paso más en la reforma laboral. Era una medida que venían demandando los empresarios para erosionar los salarios y que la administración no ha dudado concederles", ha subrayado. En este sentido ha exigido al gobierno vasco, que adopte las medidas necesarias para que el arbitraje obligatorio "sea de imposible realización".

Por otra parte, el secretario general de ELA ha criticado el Plan de Empleo aprobado ayer por el Gobierno de Urkullu, que "no va a crear ningún puesto de trabajo más, es pura propaganda", y ha reiterado que la reducción de un 10,8% en el presupuesto "es una contribución a la recesión económica y a la pérdida de empleo".

El secretario general de ELA ha señalado que los recortes previstos en los presupuestos por el Gobierno vasco son brutales y van a traer más paro. En este sentido, ha señalado que mientras Obama califica de "secuestro fiscal" una reducción del presupuesto federal del 2,3%, en la CAPV nadie se escandalice ante la reducción prevista por el Gobierno de Urkullu, que será del 11,5%.

Para Muñoz, los recortes van a traer más paro, pobreza y desprotección social, algo que "parece no importar a los gobiernos", ha denunciado. Ha negado que la propuesta del Gobierno vasco sea "la única  alternativa" y ha advertido de que, "salvo que queramos acompañar a  una sangría en los derechos sociales y laborales", el movimiento  sindical y social "tiene que decir un no rotundo a este tipo de  políticas".

Por su parte, Mikel Noval ha abogado por eliminar el trato privilegiado de las rentas de capital, que tributan al tipo máximo del 22% en Bizkaia y Araba, y del 23%, en Gipuzkoa. "La base imponible del impuesto debe ser única, de forma que todos los ingresos tengan el mismo tratamiento".

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ELA ha denunciado que la reducción de 1.200 millones en el presupuesto del Gobierno Vasco traerá consigo recortes en educación, sanidad y servicios públicos. En esta línea ha adelantado que en el capítulo de personal “la caída va a ser brutal, lo que supone empeorar aún más la situación actual de crisis”.

“Con la política de recortes salariales han hundido la economía real y el Gobierno Vasco se suma esta destrucción. No nos cabe otra opción que la movilización social”, ha subrayado Muñoz.

ELA ha denunciado que el 37,5% de los fondos destinados en 2012 a la formación para el empleo en la CAPV se asignaron directamente a la patronal, a CCOO y a UGT, a través de Lanbide (a propuesta de Hobetuz).

Los datos publicados en el BOPV de 14 de enero de 2013, confirman que en 2012 se ha mantenido el reparto de fondos en los mismos términos que en los ejercicios anteriores. CCOO y UGT recibieron 2.075.000 euros cada organización, y las distintas organizaciones empresariales, obtuvieron la cantidad total de 3.557.657 euros. Así, la patronal, CCOO y UGT se autoasignaron (con el acuerdo del Gobierno Vasco) el mencionado 37,5% del total de los fondos que Hobetuz gestiona para formación para el empleo.

Como se ve en el cuadro, a pesar de que el montante de fondos destinados a esta materia se ha reducido en 710.000 euros de 2009 a 2012, han aumentado en 350.000 euros los fondos que se autoasignan la patronal, CCOO y UGT. Llama la atención, también, que todos los años las partidas que van a parar a las organizaciones sindicales sean exactamente las mismas entre ellas, y que se mantengan año a año en términos prácticamente idénticas las asignaciones, lo que es una muestra más de que priman los intereses de las organizaciones respecto a otras cuestiones. Para ELA es obvio que es una decisión política que nada tiene que ver con criterios formativos.

ELA recuerda que la aceptación por parte del Gobierno Vasco de los fondos ofrecidos por el gobierno español, condicionados a la aplicación del modelo decidido en el estado, a pesar de no contar con el apoyo para ello de Hobetuz, supuso la salida de ELA (conjuntamente con LAB) de dicho organismo.

ELA no comparte el actual modelo de Hobetuz, una copia del del estado español, y que ha resultado un auténtico fracaso, no solo por su baja calidad, sino porque no responde a las necesidades existentes en la CAPV en materia de formación. Es una apuesta por la privatización y el lucro de las entidades que se financian con fondos públicos.

Lo que ocurre en formación continua es un ejemplo más de cómo las instituciones utilizan el diálogo social como coartada para aplicar políticas que perjudican a la clase trabajadora. Todo vale a cambio de la asignación y gestión de una parte de los fondos públicos por las organizaciones que forman parte de dicho diálogo.

Esta claro que las políticas resultantes del diálogo social no sirven para resolver los problemas de la clase trabajadora. La actual crisis económica así lo evidencia.

Ante esta situación ELA exige al nuevo Gobierno Vasco que acabe con este sistema de formación. Para ELA todos los fondos destinados a la formación para el empleo se deben destinar a los centros de formación homologados, y resultaría inaceptable que ante la evidencia de lo que el actual sistema supone, el Gobierno Vasco optase por seguir manteniéndolo.

Adolfo Muñoz “Txiki” ha participado, junto al responsable del área social, Mikel Noval y a Julene Gabila, del gabinete de estudios, en la valoración del informe Encuesta de Pobreza y Desigualdes Sociales 2012, elaborado por el Gobierno vasco.

Los responsables de ELA han subrayado que con la crisis se está produciendo un fuerte aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales. “La responsabilidad de esta situación recae en los poderes públicos y en el poder económico y financiero. Ellos se han puesto de acuerdo para imponer una distribución de la riqueza más injusta, para recortar los derechos laborales y sociales, para aplicar una política fiscal que ha supuesto una rebaja de la presión fiscal.

Han destacado, en este entido, que el número de personas que viven en hogares en riesgo de pobreza ha aumentado un 77,9% desde 2008. En 2012 eran 157.686 las personas que no tenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, el 7,3% de la población. Es la cifra más elevada de los últimos 25 años.

Ha pasado casi un año desde que Rajoy asumió la presidencia del Gobierno español. En su programa electoral aseguró que recortaría en todo menos en sanidad, educación y pensiones. En sanidad y educación, los recortes superan ya los 10.000 millones de euros, a los que se suman el copago farmaceútico o la subida de las tasas universitarias. Ahora ha llegado el turno de las pensiones. El gobierno ha dejado sin vigor en 2012 el artículo de la ley que le obliga a revalorizar las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo.

El anterior gobierno de Zapatero tomó la decisión de congelar las pensiones en 2011. Poco después, en el primer Consejo de Ministros de Rajoy que se celebró el 30 de diciembre de 2011, decretó un aumento de las pensiones en 2012 del 1%. Pero tocaba esperar a noviembre de 2012 para ver si el incremento era suficiente. Los precios han subido en noviembre un 2,9% en tasa interanual, por lo que se concluye que ese incremento llevado a cabo a principios de año no fue suficiente. La decisión del gobierno es no actualizar las prestaciones, por lo que el poder adquisitivo de las personas pensionistas caerá en 2012 un 1,9%.

Para 2013 el gobierno ha aprobado un incremento de las pensiones en un 1%, salvo las inferiores a 1000 euros, que subirán un 2%. Habrá que esperar a la decisión que tomen en noviembre del próximo año para ver si revisan las pensiones o no las revalorizan al igual que ha sucedido este año. A esto hay que sumarle la incógnita de si cambiará o no el criterio de actualización en la prevista puesta en marcha del factor de sostenibilidad, que se abordará en la reforma de las pensiones.

Además de la suspensión de la actualización de pensiones, el Consejo de Ministros también aprobó más cambios para el sistema de pensiones. En el decreto se cambia la regulación del Fondo de Reserva. Hasta la introducción de dicho cambio, se podía recurrir a este fondo para pagar las pensiones con un tope del 3% del gasto anual en pensiones contributivas. Gracias a la aprobación de este decreto, ese límite queda suspendido en 2012, 2013 y 2014.

Pero mientras la cuantía de las prestaciones se ve mermada, la banca sigue recibiendo más y más dinero. El gobierno ha anunciado que los primeros 39.468 millones de euros que Europa presta al Estado español para entregárselo a los cuatro bancos nacionalizados y el banco malo llegarán a mediados de este mes. El FROB estará listo para inyectar 17.960 millones en Bankia, 9.080 millones de Catalunya Banc, 5.425 millones en NCG Banco y 4.500 millones en el Banco de Valencia (que ha sido “vendido” a La Caixa por un euro, tras esta inyección de dinero público). Esto solo es el inicio, ya que habrá una cuantía adicional cuando se presenten los planes de reestructuración de las otras entidades no nacionalizadas que necesitan ayudas públicas.

En contra de lo que se nos ha hecho creer, este préstamo viene condicionado con durísimas medidas que serán vigiladas muy de cerca por la Troika. Estos préstamos los pagaremos con durísimas reformas estructurales, tal y como vienen haciendo hasta ahora. La sociedad se empobrecerá más, el paro incrementará y seguirán con la destrucción del estado de bienestar. Además, es previsible que no se recupere prácticamente nada de esas decenas de miles de millones de euros que se dan a la banca.

AHORRO POR NO ACTUALIZAR PENSIONES EN 2012	DINERO A LA BANCA
2.100.000.000	39.468.000.000

 

La comparativa con el entorno europeo deja clara cuál es la situación del empleo en Hego Euskal Herria. En octubre de 2012 la tasa de paro media en la UE-27 ha sido del 10,7%, 6,1 puntos menor que la de Hego Euskal Herria.

Mikel Noval, responsable del área social y Julene Gabiola, miembro del gabinete de estudios de ELA, han presentado en Bilbao el informe sobre la evolución del empleo en el 2012. Noval ha criticado a la patronal que “se está aprovechando de la crisis para bajar salarios y destruir y empleo” y a las disferentes adminsitraciones que “siguen sin presentar un plan creíble para hacer frente a esta lacra”. “No hay una política para la creación de empleo”, ha subrayado Noval que “ha exigido un cambio radical de los objetivos presupuestarios y de la política fiscal".

• El IRGF mantiene el mínimo exento en 700.000 euros y la exención de vivienda habitual hasta los 300.000 euros, igual que lo hace en el Impuesto de Patrimonio.

• Este nuevo impuesto establecerá tres tramos, lo que reduce en cuatro el actual Impuesto sobre el Patrimonio. Este cambio que plantean afecta a la progresividad del impuesto. El actual Impuesto tenía un tipo aplicable entre el 0,20% y el 2,50%. El tipo máximo se aplicaba a las bases liquidables superiores a los 12,8 millones de euros. Con el cambio tributario que plantean ahora, lo tipos aplicables oscilan entre el 0,25% y el 1%, aplicándose el tipo máximo a las bases superiores a los 3 millones de euros. En consecuencia, la pérdida de progresividad es clara.

• En sentido contrario, elimina el "escudo fiscal" existente en la actualidad (el límite máximo a pagar en la suma de IRPF e Impuesto sobre Patrimonio) y no deja exentas a las participaciones en empresas.

Cabe recordar que con la reimplantación del Impuesto de Patrimonio que se derogó para el periodo impositivo del 2010, se han recaudado 35,8 millones de euros. Con el nuevo IRGF esperan recaudar 44,6 millones de euros, 8,7 millones más que en la actualidad. Sin embargo, la recaudación prevista en Gipuzkoa con el nuevo impuesto es inferior en 10 millones de euros a la obtenida en ese territorio en 2008 por el Impuesto sobre el Patrimonio. 

La evolución de la recaudación desde el 2008 en los diferentes territorios de la CAPV ha sido la siguiente:

	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA
2008	18.563.000	106.146.000	56.600.000
2009	692.000	2.310.000	46.642.000
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	12.805.000	56.678.000	35.999.000

Fuente: Gobierno Vasco, Informe OCTE 

Tomando como referencia el año 2008, el último en que los tres territorios coincidieron con el Impuesto de Patrimonio en vigor, vemos que cuatro años después, la bajada recaudatoria ha sido muy grande. Entre el 2008 y el 2012 Araba ha disminuido la recaudación por vía de este impuesto un 31%, Bizkaia lo ha hecho en casi un 47% y Gipuzkoa en un 36%.

Este nuevo impuesto que presentan cuenta con el respaldo del PSE, lo que permitirá su aprobación en Juntas Generales. Su portavoz deja clara la intención de presentar enmiendas. Al igual que sucedió con el apoyo que dieron a la reforma del IRPF y a la recuperación del Impuesto de Patrimonio, es de esperar que este nuevo proyecto tributario que han presentado sufra cambios y que la cuantía que esperan recaudar varíe a la baja, disminuyendo aún más el importe. En el caso de Araba y Bizkaia, todo apunta a que ninguno de los dos territorios vaya a plantear cambios en el Impuesto de Patrimonio (parece que optan por prorrogar el actual impuesto).

Al igual que dijimos a principios de año con las reformas tributarias pactadas en las Juntas Generales, estos cambios tributarios siguen siendo insignificantes. En aquel entonces, la Diputación defendía que “los cambios impositivos aprobados acercan Gipuzkoa a los países más avanzados de Europa en política social, aquellos que disponen de un sistema público fuerte basado en una fiscalidad potente y progresiva”. La realidad es que Gipuzkoa al igual que Hego Euskal Herria, sigue estando lejos de alcanzar el 38,4% de media de presión fiscal que hay en la Unión Europea, y seguirá estándolo a no ser que se dé un cambio radical en las políticas actuales que están abocando a HEH a que incremente el paro y a que las consecuencias sociales sean cada vez más alarmantes.

ELA exige la necesidad de democratizar la actuación de las Diputaciones, que, a pesar de estar al cargo de competencias importantes, carecen de transparencia informativa y de mecanismos de participación social a la hora de definir sus actuaciones. Ninguna Diputación ha realizado ningún tipo de proceso participativo con las organizaciones sindicales y sociales para abordar la reforma del Impuesto sobre Patrimonio.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz "Txiki" ha presentado junto al responsable de negociaciòn colectiva, Joseba Villarreal un informe sobre la situación salarial en la Unión Europea. Muñoz ha criticado a la patronal vasca por no "defender la economía real" y ha denunciado que sigue sin haber crédito, lo que " es fundamental para la actividad de las empresas".

"Los continúos ataques a los salarios llevan a más paro y al colapso de la economía", ha reiterado. Muñoz ha anunciado que "con toda probabilidad se esta preparando una nueva reforma laboral para impedir que se den actuaciones judiciales como la de Laminaciones Arregui o Koyo".

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El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz “Txiki”, ha participado esta mañana en Bilbao, junto con el responsable del área social, Mikel Noval e Idoia Intxaurbe, miembro del gabinete de estudios en la presentación de un informe sobre los presupuestos del Estado para el 2013, que fueron aprobados la pasada semana.

Muñoz ha retierado que la deuda contraída por el Estado español es ilegítima y ha exigido que se realice una auditoría de la deuda pública y no se pague la parte que se declare ilegítica, como lo han hecho algunos otros países. El secretario general ha subrayado que no se va a recuperar el dinero que está dando a la banca. De cada cuatro euros que gasta el Estado uno será para el pago de los intereses de la deuda, cerca de 38.600 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno español aprobó el pasado veirnes el Real Decreto por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en desarrollo de la reforma laboral y de negociación colectiva aprobada en febrero de este año. Esta reforma atribuye a esa Comisión la función de resolver las discrepancias entre las empresas y la representación de los trabajadores y trabajadoras por falta de acuerdo en los procedimientos de inaplicación de los convenios. Con este Real Decreto el gobierno da un nuevo paso a favor de los intereses de las empresas para no aplicar los convenios, ya que el mecanismo establecido lleva a que se tome una decisión en caso de falta de acuerdo de las partes.

ELA se reafirma en que es imprescindible seguir movilizándonos para hacer frente a estos ataques y para conseguir el cambio de las políticas. Asimismo considera que el espacio sindical y social creado en Euskal Herria permite el trabajo común de organizaciones diversas, a quienes nos unen objetivos y métodos de actuación.

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La desastrosa evolución del empleo que muestra que se ha destruido 151.500 empleos desde 2008 (cuando comenzó la crisis) o que la tasa de paro juvenil es del 43,8%, es consecuencia de las políticas que aplican los diferentes gobiernos.

Constantemente se están adoptando medidas que suponen la pérdida de derechos laborales, y recortes sociales cada vez más graves. Es evidente que el empleo y el bienestar de la sociedad no es para nada una prioridad de quienes nos gobiernan.

ELA exige a las instituciones de Navarra y de la CAPV un cambio profundo en las políticas sociales y fiscales, y que si no están de acuerdo con los recortes, que no los apliquen.

De esta manera, el Sindicato ELA es consciente de que esto sólo se conseguirá a través de la organización y movilización, y hace un llamamiento a toda la clase trabajadora para secundar las movilizaciones y la Huelga General que la mayoría sindical vasca ha convocado para el 26 de septiembre.